A comienzos del invierno de 1942, los gobiernos de las potencias aliadas anunciaron su determinación de castigar a los criminales de guerra nazis.

El 17 de diciembre de 1942, los líderes de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética hicieron pública la primera declaración conjunta donde se reconocía oficialmente el exterminio masivo de judíos europeos y se determinaba que se enjuiciaría a los responsables de la violencia perpetrada contra poblaciones civiles. Aunque algunos líderes políticos eran partidarios de ejecuciones inmediatas en lugar de juicios, los aliados finalmente decidieron formar un Tribunal Militar Internacional. Así lo expresaba Cordell Hull: “una condena después de un juicio como este será la sentencia de la historia y los alemanes no podrán decir que se les arrancó por la fuerza una confesión de culpabilidad”.

La Declaración de Moscú, firmada en octubre de 1943 por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, el primer ministro británico Winston Churchill y el líder soviético Josef Stalin, afirmaba que, durante un armisticio, las personas consideradas responsables de crímenes de guerra serían enviadas al país donde se habían cometido los crímenes, a fin de que fueran juzgadas conforme a las leyes de dicha nación. Destacados criminales de guerra cuyos delitos no podían asignarse a una ubicación geográfica en particular serían castigados por decisiones conjuntas de los gobiernos aliados.

Los juicios de los principales funcionarios alemanes ante el Tribunal Militar Internacional (TMI) (los juicios contra crímenes de guerra más conocidos del período de posguerra) comenzaron oficialmente en la ciudad alemana de Núremberg el 20 de noviembre de 1945, seis meses y medio después de que Alemania se rindiera. Cada uno de los cuatro países aliados (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética) proporcionó un juez y un equipo de fiscales. Geoffrey Lawrence, juez principal de Gran Bretaña, fue el presidente del tribunal. Los reglamentos del juicio surgieron a partir de la delicada conciliación de los sistemas judiciales europeos y anglo-estadounidenses. Un equipo de traductores interpretaron simultáneamente todos los juicios en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y ruso.

Tras un extenso debate, se seleccionaron veinticuatro acusados que fueran una muestra representativa de la dirigencia diplomática, económica, política y militar nazi. Adolf Hitler, Heinrich Himmler y Joseph Goebbels nunca fueron juzgados, ya que se habían suicidado antes de que finalizara la guerra. El Tribunal Militar Internacional decidió no hacerles un juicio póstumo para no generar la sensación de que aún podrían estar vivos. En realidad, solo veintiún acusados fueron enjuiciados. El empresario industrial Gustav Krupp había sido incluido en la acusación original, pero era un anciano y estaba enfermo. Por ello, en audiencias preliminares se decidió excluirlo de los juicios. Martin Bormann, el secretario del partido nazi, fue juzgado y condenado in absentia. Robert Ley se suicidó en las vísperas del juicio.

El Tribunal Militar Internacional imputó a los acusados por los cargos de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Tribunal Militar Internacional definió los crímenes contra la humanidad como “asesinato, exterminio, esclavitud, deportación… o persecución por razones políticas, raciales o religiosas”. Se incluyó un cuarto cargo por conspiración con el fin de abarcar crímenes cometidos conforme a la ley nacional nazi antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial. A partir de esto, los tribunales posteriores contarían con jurisdicción para enjuiciar a cualquier individuo miembro de una organización delictiva. Por lo tanto, el Tribunal Militar Internacional también imputó a varias organizaciones nazis por considerarlas delictivas, a saber: el Gabinete del Reich, la cúpula dirigente del partido nazi, la guardia de élite (las SS), el Servicio de Seguridad (SD), la Policía Secreta del Estado (Gestapo), las tropas de asalto o Stormtroopers (SA), y el personal general y el Alto Comando de las Fuerzas Armadas alemanas.

Los acusados tuvieron el derecho a elegir sus abogados. Asistieron a los juicios diariamente más de 400 visitantes, así como también 325 corresponsales de 23 países.

Robert Jackson, fiscal principal estadounidense, decidió fundar su caso en un conjunto de documentos escritos directamente por los nazis, en lugar de declaraciones de testigos, para que no pudiera decirse que el juicio se basaba en testimonios parciales o tendenciosos. Los testimonios presentados en Núremberg revelaron muchos datos sobre el Holocausto, como detalles del aparato asesino de Auschwitz, la destrucción del ghetto de Varsovia y las aproximadamente seis millones de víctimas judías.

Los jueces dieron su veredicto el 1 de octubre de 1946. Se necesitaban al menos tres jueces para efectivizar la condena. Doce acusados, entre los que se encontraban Joachim von Ribbentrop, Hans Frank, Alfred Rosenberg y Julius Streicher, fueron sentenciados a pena de muerte. Los condenados fueron enviados a la horca, los cuerpos se cremaron en Dachau y las cenizas se esparcieron en el río Isar. Hermann Goering escapó de su sentencia de muerte suicidándose la noche anterior. El Tribunal Militar Internacional condenó a tres acusados a cadena perpetua y a cuatro acusados, a prisión por diez a veinte años. Tres fueron absueltos.

El juicio del Tribunal Militar Internacional de Núremberg fue apenas uno de los primeros y más famosos de los juicios contra crímenes de guerra que se realizaron posteriormente. Después de 1945, la abrumadora mayoría de juicios por crímenes de guerra procesaron a funcionarios y oficiales de rangos inferiores. Se incluyó a guardias y comandantes de los campos de concentración, oficiales de policía, miembros de los Einsatzgruppen (equipos móviles de matanza) y médicos que participaron en experimentos médicos. Estos criminales de guerra fueron juzgados por tribunales militares en los primeros años del período de posguerra en las áreas británicas, estadounidenses, francesas y soviéticas de Alemania y Austria ocupadas, y también en Italia.

El 17 de octubre de 1946, apenas un día después de la ejecución de los acusados del Tribunal Militar Internacional, el presidente estadounidense Harry Truman nombró a Telford Taylor nuevo fiscal principal estadounidense para los crímenes de guerra. Taylor enjuició a 183 funcionarios alemanes de alto rango en doce juicios distintos. Estos tribunales militares estadounidenses en conjunto suelen llamarse los juicios posteriores de Núremberg. Miembros de la Gestapo y de las SS, junto con empresarios industriales alemanes, fueron juzgados por su participación en la aplicación de las leyes de Núremberg, la “arianización”, los fusilamientos masivos de judíos en campos de concentración, los fusilamientos de los Einsatzgruppen y las deportaciones.

Otros criminales de guerra fueron juzgados por los tribunales de los países donde habían cometido los crímenes. En 1947, un tribunal en Polonia condenó a pena de muerte a Rudolf Hoess, comandante del campo Auschwitz. En los tribunales de Alemania Occidental, muchos de los ex nazis no recibieron condenas severas debido a que cumplir órdenes de superiores constituía a menudo una circunstancia atenuante. Por consiguiente, varios criminales nazis volvieron a su vida normal en la sociedad alemana, especialmente en el mundo de los negocios.

Los esfuerzos de los cazadores de nazis (como Simon Wiesenthal y Beate Klarsfeld) permitieron la captura, la extradición y el juicio de varios nazis que se habían escapado de Alemania después de la guerra. El juicio de Adolf Eichmann, llevado a cabo en Jerusalén en 1961, captó la atención del mundo entero.

Sin embargo, muchos criminales de guerra nunca fueron juzgados ni castigados.