El papel de los servidores públicos

Cuando los nazis subieron al poder en 1933, la mayoría de los servidores públicos alemanes tenía una visión conservadora, nacionalista y autoritaria. Después de las purgas en las que expulsaron a los oponentes políticos del servicio público, los burócratas compartieron el rechazo de la república de Weimar y el anticomunismo de los nazis. Consideraban que el régimen nazi era legítimo y se sentían comprometidos a “obedecer la ley”. La mayoría no eran radicalmente antisemitas, pero sí creían que los judíos eran “diferentes” o que “tenían demasiada influencia”.

Para ayudar a implementar las políticas nazis, los servidores públicos que trabajaban en diversas dependencias elaboraron como parte de su trabajo normal innumerables leyes y decretos que, paso a paso, fueron despojando a los judíos alemanes de los derechos civiles que habían disfrutado como ciudadanos en igualdad de circunstancias antes de 1933. Entre estas leyes y decretos había medidas, por ejemplo, que definían el término “judío”, prohibían el matrimonio entre “judíos” y personas de “sangre alemana”, requerían la destitución de los judíos de puestos en el servicio público y otros empleos, imponían impuestos discriminatorios sobre la “riqueza judía”, congelaban fondos en los bancos y autorizaban al estado a confiscar las propiedades de los judíos deportados.

Los servidores públicos también elaboraron la ley que ordenaba la esterilización de las personas con diagnósticos de enfermedades mentales hereditarias y discapacidades físicas o mentales; también redactaron la revisión del párrafo 175 del código penal, que convirtió en ilegales una amplia gama de actos homosexuales.

Durante la guerra, otro grupo de servidores públicos —diplomáticos del Ministerio del Exterior alemán— desempeñó un papel vital en negociar con los líderes y los funcionarios de los países desde los cuales el régimen nazi buscaba deportar a judíos.

Los jueces alemanes compartían la visión conservadora, nacionalista y autoritaria de otros servidores públicos, y aceptaron la legitimidad del régimen nazi. Los jueces no refutaron la constitucionalidad de las leyes aprobadas en 1933 con las que se rescindieron libertades políticas, derechos y protecciones que se habían otorgado a todos los ciudadanos, incluso a los miembros de las minorías, conforme a la constitución democrática de la república de Weimar. Durante los años del dominio nazi, la mayoría de los jueces no solo respetaron las leyes, sino que las interpretaron en una manera amplia y de largo alcance que facilitó, en lugar de obstaculizar, la habilidad del régimen para llevar a cabo sus políticas antisemitas y raciales. En casos que implicaban la rescisión de contratos legales, como los que se regulaban las relaciones laborales, los jueces casi nunca ejercían la flexibilidad acostumbrada en la interpretación cuando esta podía favorecer a un judío. Por ejemplo, en un caso de violación de contrato, un juez interpretó que ser judío era una “discapacidad” y, por lo tanto, era motivo para despedirlo del trabajo.